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11 de septiembre de 2012

Mi vida después de un desahucio



OS RECORDAMOS QUE SIGUEN RECOGIÉNDOSE FIRMAS DESDE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA PARA LA ILP (Iniciativa Legislativa Popular) POR LA DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA

  • Cada día en España se producen unos 160 desahucios. Familias que no pueden pagar las cuotas de su hipoteca.

  • Después de meses intentando evitarlo por todos los medios, el día que se produce el desalojo comienza una vida llena de obstáculos.

“Los ladrillos no son lo importante, el problema es que psicológicamente te han matado, sientes que estás derrotado”. Así recuerda Galo Jaramillo el pasado 11 de mayo, cuando se llevó a cabo el desahucio por parte de Kutxa, la Caja de Ahorros vasca. Ecuatoriano, llegó a España en el ’96, y desde entonces trabajó en Madrid como albañil hasta el comienzo de la crisis, en 2009.
Su voz firme no se corta, pero a medida que relata los hechos, un brillo de rabia aparece en sus ojos, y su acento cortés no puede esconder el dolor acumulado en estos últimos meses. “Ni siquiera pudimos sacar todas las cosas. No nos dieron ninguna prórroga, cuando íbamos a pedir un aplazamiento nos enteramos que el caso ya estaba en los tribunales”, sostiene.

Como tantos otros en su situación, Galo y su mujer sobreviven gracias a la ayuda de un familiar, y a la habitación que le dejan unos amigos. “Si no fuera por las amistades estaríamos durmiendo debajo de un puente”. El golpe del desahucio es duro, pero las circunstancias obligan a rehacerse pronto. Galo reconoce no haber asumido todavía la pérdida de su casa y sentirse muchos días “sin rumbo”. “Hay veces que vas por la calle y crees que puedes volver a tu casa, entonces lo recuerdas y es un dolor muy fuerte”.

Los bancos no ven ese dolor, no se lo pueden ni imaginar. Es la explicación que da Galo al hecho de que Kutxa, la entidad que le concedió la hipoteca, después de adquirir su casa a la mitad de precio por la que la compró, le siga reclamando más de 200.000 euros. Y no es una excepción, para muchas familias esa deuda se convirtirá en el principal obstáculo para rehacer su vida tras el desahucio.
La bajada del precio de los pisos, un sistema de subastas opaco, sumado a los intereses galopantes por los impagos, provocan que la suma de la deuda a la que se enfrentan los desahuciados en muchas ocasiones sea cercana al precio que les costó la vivienda que acaban de perder.

“He pedido la dación en pago, pero se han negado a negociar”, asegura Galo. En esta situación, los problemas se multplican. Según él, Kutxa retiene 300 euros cada mes a unos familiares que se ofrecieron como avalistas lo que ha provocado una ruptura total en las relaciones. “Y todo esto sin un juicio”, apunta.

Ante esta situación, Galo no ve posibilidades de un futuro en España. “Me vuelvo a mi país a empezar de nuevo”, dice con un regusto amargo, “al menos ahí el Gobierno impide que te exijan deudas hipotecarias del extranjero”.
Preguntados por el caso de Galo, desde el gabinete de prensa de Kutxa aseguran que mantienen una política de no comentar “casos particulares”, y recuerdan que dentro de su Obra Social realizan el programa Etxelan para facilitar una vivienda a “clientes en el umbral de la exclusión social”. Galo y su familia no han podido acceder a esta ayuda al no residir en el País Vasco.


Y la vergüenza se convirtió en orgullo

Chema colabora en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid desde sus comienzos. Para él, la fuerza de esta organización reside en que sus miembros han sustituido la “vergüenza personal” de haber perdido su casa, por el “orgullo de estar luchando” a través de un colectivo.

Por cada dato que ofrece durante la entrevista, aumenta su enfado. A pesar de los logros de esta organización (276 desalojos detenidos junto a las Asambleas del 15-M en todo el país), Chema relativiza estos éxitos. “Hay unos 50 desahucios diarios en Madrid, de la mayoría ni nos enteramos. Y de los que nos enteramos sólo una minoría  conseguimos retrasarlos o negociar una dación en pago”.

Desde la PAH recuerdan que el desahucio es el final de un “proceso de subsitencia” para conservar tu casa.  Y cuando se produce, muchos se sienten completamente hundidos. ¿Qué suele ocurrir después? “Hay una parte que todavía la absorbe un entorno familiar, pero otro se quedan en la calle, sin ninguna solución alternativa, y con una deuda que les condena de por vida”, responde Chema resignado.

Pese a este panorama, Chema es un firme defensor de la lucha colectiva como el único camino para conseguir resultados ante la amenaza de un desahucio. En un año ha visto cómo se han logrado centeneras de retrasos en las ejecuciones, varias daciones en pago, y comienzan a darse las primeras ofertas de alquileres sociales. ¿Algún banco más predispuesto que otros a negociar? “Los logros dependen únicamente de la presión que conseguimos ejercer en cada caso, no de la política de la entidad de turno”, sostiene convencido.


La luz al final de la lucha
El caso de Lamine parece dar la razón a esta afirmación de Chema. Lamine emigró de Mali hace 10 años buscando un futuro mejor en España. En 2005, cuando trabajaba en la construcción, Caja Madrid le concedió una hipoteca, con una mensualidad de 750 euros, que con el paso de los meses, Euríbor mediante, se convertirían en 1.484.

En 2010 se queda en paro y pierde la propiedad de su casa, pero consigue seguir viviendo en ella junto a su mujer y sus dos hijos. Entonces consigue un trabajo como mozo de almacén y vuelve al banco. Quiere pagar todo lo que no ha podido, va con las nóminas a la sucursal pero no le dan ninguna opción. La casa donde vive ya no es suya.

 El desahucio llega en enero de este año.  De nada sirven las protestas y las súplicas por sus dos hijos, que entonces tenían 2 años y tres meses, respectivamente. Por suerte, en ese momento ya podía permitirse pagar un alquiler, y en esta ocasión el desahucio acabó en una mudanza custodiada por la policía.

Y cuando otros bajan los brazos, y se acomodan a la nueva realidad, Lamine recobró fuerzas para continuar su lucha. De la mano de la PAH y la asamblea del 15-M del madrileño barrio de Usera, recoge más de 2.000 firmas de vecinos y durante una semana monta una mesa informativa frente a la sucursal de Caja Madrid en la que contrató la hipoteca. Su objetivo, un alquiler social y la dación en pago. Su deuda con Bankia asciende a 230 mil euros.  “Debo más ahora que cuando me dieron el préstamo”, ironiza.

En mayo obtuvo los primeros frutos. Bankia le ofreció un alquiler por 375 euros mensuales. La cifra supera el 30% de sus ingresos, límite para se considere “social” el precio de un arrendamineto, pero como dice Lamine “eso ya es una buena ayuda”.

Pero Lamine siguió protestando. Un mes después, tras interrumpir junto con otras 15 familias desahuciadas en la  sede central de Bankia, la entidad le entreabrió la posibilidad de la condonación de la deuda con tal de que “dejara de molestar”. “Con la lucha y el apoyo, gracias a la solidaridad, estamos consiguiendo algo”, concluye Lamine en un español correcto, con tono alegre, excepto cuando habla de las ayudas que han recibido los bancos en los últimos meses.

Lamine está orgulloso de lo que ha conseguido, y agradecido a los que le han apoyado. Sabe que sin esas movilizaciones tendría que seguir pagando por su vivienda 500 de los 800 euros que gana al mes. Y con una deuda a cuestas que nunca podría saldar y que le llevaría a ser legalmente moroso de por vida.
Tal vez por eso, cuando su familia llega a casa en medio de la entrevista, intenta calmar el torbellino de alegría que es su hijo de tres años, lo sienta en sus rodillas, y quiere que escuche el final de su historia, ésa que habla de un rayo de esperanza al final de la  lucha.

El gabinete de prensa de Bankia no ha respondido a la solicitud de entrevista para este reportaje.


“Quedarse dos viviendas ya es pasarse”
Isabel ya contaba a Periodismo Humano hace poco más de un año sus temores de que las movilizaciones para impedir su desahucio no fueran suficientes.

Lo que no entonces no podía ni imaginar es que, meses después, también su madre se quedaría sin la propiedad de una casa que ya había comprado, al figurar como avalista de su hipoteca. Isabel consiguió retrasar su desahucio hasta en 5 ocasiones, pero a la sexta fue la vencida. No olvida esa fecha, 15 de noviembre de 2011.

Desde entonces, su rutina ha trascurrido entre negociaciones con el Ayuntamiento de su ciudad, Getafe, para conseguir un piso en alquiler social, solicitudes de la Renta Mínima de Inserción, teniendo que recurrir a las ayudas de Cruz Roja y Cáritas, e involucrándose en el trabajo de la PAH y sus acciones de “Stop Desahucios”.

Con su coloquial acento madrileño, Isabel se lamenta de depender de la pensión de su madre, con la que vive de alquiler en una habitación. Cuenta que después de tres años en paro, la deuda contraída con el banco que le concedió el préstamo, la rama financiera de General Electric, ascendía a más de 300.000 euros. Entonces llegó el desahucio del piso de su madre, con lo que la deuda se redujo a 60.000.

“Me mandaron un burofax reclamando esa cifra. No entienden que no es que no queramos pagar, es que no podemos”. Isabel critica una ley hipotecaria que considera “injusta” y “siempre a favor de los bancos”. En su caso, dos viviendas no han sido suficientes para cubrir el préstamo de una. Además, acusa a General Electric de usar a los conocidos como “subasteros” para hacerse con las viviendas que tienen previsto desalojar.

Para Isabel esa deuda de 60.000 euros se convierte en una losa que arrastra cada día. Un peso más para rehacer su vida, que se junta con la falta de oportunidades de encontrar empleo. “No puedes pedir un crédito, ni contratar una línea de teléfono de prepago. Te anulan la vida, porque si consigues trabajo, sabes que una parte del sueldo irá para ellos”. Ante esto, los remedios son compras de segunda mano y buscar trabajos “en negro” para por lo menos “cobrarlo todo”.

“Muchos las estamos pasando canutas”, resume tras hablar de familias enteras viviendas en tiendas abandonadas, mujeres solteras con hijos que se convierten en improvisadas okupas, obligadas por las circunstancias. “Y todo esto con miles de casas vacías”, recuerda.

A Isabel, además de dos casas, miles de euros en intereses, e incontables disgustos, el hecho de no poder hacer frente a las cuotas de su hipoteca le ha costado la ilusión por un  futuro. “No quiero ni pensar como me irán las cosas”, reconoce. “Si te paras a pensar en lo que te puede pasar, no descansas. Uno tira pa’ lante cada día y ya está”.

Así es la vida después de un desahucio

Desde General Electric Bank – España argumentan que no pueden responder sobre el caso Isabel para respetar la Ley de Protección de Datos. Se limitan a trasladar un comunicado en el que aseguran “ser conscientes de que los clientes se pueden encontrar en dificultades económicas”, y que disponen de “procesos internos para estudiar cada caso” y buscar “soluciones que mejor respondan a casa situación”.



El drama en cifras

Desde 2007 se han producido en España más de 340 mil desahucios, y se prevén más de un millón en los próximos años.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aseguran haber conseguido detener en toda España 276 desahucios.

Para cobrar la deuda, los bancos pueden embargar parte del sueldo de los desahuciados o de sus avalistas, si el sueldo supera los 960 euros, o 1.200 si la persona tiene hijos a su cargo.

Se han recogido más de 200.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de que se apruebe una Ley de Dación en Pago con efectos retroactivos.

Se considera un alquiler como “social” si no supera el 30% de los ingresos familiares.

Según la PAH, las “buenas prácticas” bancarias aprobadas por recientemente por el Gobierno sólo afectan al 4% de los desahucios.

Las personas que protestan pacíficamente para evitar un desahucio corren el riesgo de recibir multas de hasta 600 euros.

Distintos informes señalan que en España hay más de 1 millón de viviendas vacías.

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