Un juez suspende por primera vez en Alcalá una ejecución hipotecaria amparándose en la sentencia europea
Como ya han hecho jueces de toda España desde la publicación en marzo de
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un
magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Alcalá ha suspendido
un procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que las normas
procesales españolas se ajusten a la legislación europea. La sentencia
del TJUE reconoce que en España el procedimiento de ejecución
hipotecaria impide a los jueces entrar a valorar la existencia de
cláusulas abusivas en el contrato hipotecario; y que, cuando lo hacen,
los afectados solo tienen opción a una indemnización, pero en ningún
caso a recuperar la vivienda que han perdido a causa de esas cláusulas
abusivas.
En su sentencia, el magistrado José Enrique Sánchez-Paulete Hernández
hace referencia a la sentencia del TJUE. Sánchez-Paulete señala que “no
cabe seguir aplicando la normativa vigente”; ni tampoco que “cada juez
integre la normativa procesal como tenga por conveniente”. Por lo que en
su sentencia decide suspender el procedimiento hasta que el Parlamento
dé respuesta a “cuál es el procedimiento adecuado para invocar la
existencia de cláusulas abusivas en ejecuciones en trámite”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Corredor del Henares
aplaude la respuesta de este magistrado complutense y la de tantos otros
que en toda España, ante la advertencia del tribunal europeo, han
decidido no seguir aplicando una normativa que supone una violación de
los principios de legalidad y seguridad jurídica, del derecho a la
tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa.
Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, diferentes entidades de la
sociedad civil y colectivos de la judicatura han denunciado
reiteradamente que los procedimientos de ejecución hipotecaria masivos
constituyen una violación sistemática de derechos humanos, puesto que
sitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión.
Esta posición viene ahora apoyada por la sentencia del TJUE, que declara
que la normativa española no respeta el derecho comunitario y que puede
existir responsabilidad del Estado por contravenirlo y por violación
sistemática de derechos humanos.
La PAH seguirá solicitando, en los juzgados y en la calle, la
paralización de todas las ejecuciones hipotecarias generadas por una
legislación contraria a la justicia social y, ahora podemos decirlo,
ilegal; hasta que sea aprobada una nueva regulación que respete los
derechos de las personas.
PAH Corredor del Henares