NOTA DE PRENSA
La Asamblea Popular de Alcalá de Henares ayuda a parar un desahucio en Camarma
Alcalá de Henares, 27 de junio de 2011.- Una veintena de personas consiguió esta mañana interrumpir el procedimiento judicial de desahucio de un vecino residente en Camarma de Esteruelas que solicitó la colaboración de la Asamblea Popular de Alcalá de Henares (APadh).
La Asamblea General informó y pidió ayer el apoyo de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Alcalá y alrededores para evitar que el vecino, en situación de impago de alquiler y de insolvencia económica, quedara en la calle. Del mismo modo, aprobó apoyar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), funcionando como vía de comunicación entre las personas afectadas y la Plataforma, como lo ha hecho en el presente caso.
Un grupo de veinte personas, entre ellos miembros de PAH y APadh, consiguió reunirse antes de que a las 9.30 horas cerca de diez efectivos de la policía nacional y la guardia civil acordonaran la zona y vallaran la calle en la que se encuentra la vivienda. Después de pedir el carné de identidad y los datos del proceso judicial a la persona afectada, un efectivo de la guardia civil ha informado a los asistentes de que debían situarse tras el cordón policial, o en caso contrario, se consideraría un acto de desobediencia que podría constituir un delito. Fue entonces cuando el inquilino invitó al grupo a subir a su casa. Minutos más tarde, los efectivos informaron de que el procedimiento de desahucio quedaba suspendido por decisión del juez, quien establecerá una nueva fecha. Las fuerzas del orden se retiraban antes incluso de llegar las 10.30, hora para la que estaba previsto el desalojo. Pasada esa hora, los asistentes se retiraron sin incidentes.
El derecho a la vivienda es un derecho básico reconocido tanto por la Constitución española (artículo 47) como por diferentes tratados internacionales, entre ellos el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (artículo 11) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25). Así, el desalojo por causas económicas atenta contra las necesidades de las personas y la legalidad del estado, tal y como se expresa en la página de PAH. La persona a la que se quería desalojar tiene 61 años, un hijo menor de edad, y lleva dos años en paro. Cobra una pensión no contributiva que apenas alcanza los trescientos euros, lo que lleva a muchas personas a cuestionarse si es verdad que nuestros gobiernos, los que votan, sirven a sus ciudadanos y velan por sus intereses. La respuesta a esta pregunta es la que mueve a realizar acciones como la de hoy, evitar un desalojo.
La valoración de la Asamblea es que la lucha por la independencia de la sociedad con respecto a las entidades financieras y las inmobiliarias es posible, y la reunión pacífica y no violenta es una herramienta eficaz para emprenderla. Como se ha comprobado esta mañana y todos los días desde el 15 de mayo, la desobediencia civil pacífica funciona. “Dormíamos, despertamos”.
Grupo de trabajo de Comunicación - Acampada AdH
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