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8 de noviembre de 2011

Comunicado de apoyo a la ocupación del Hotel Madrid


Hace apenas unos días, tras la manifestación del 15-O, varias personas tomaron de forma espontánea la iniciativa de ocupar el Hotel Madrid. Reconocemos que no es la manera más adecuada, pues es preferible llevar a cabo acciones consensuadas, pero entendemos que a veces este tipo de acciones es necesario que sean realizadas de este modo. En aquel momento este edificio se encontraba cerrado y sin uso desde hace unos diez años. La asamblea que está gestionando el edificio ha definido los usos que pretenden dar del espacio, que incluyen entre otros su uso como almacén, espacio informativo y lugar de encuentro de grupos de trabajo, escuela popular y espacio de alojamiento temporal para familias desahuciadas.
Esta acción y la situación en la que nos encontramos es reflejo del deterioro de la política social y el recorte de derechos que los ciudadanos han ido sufriendo. Hay que recordar que en el artículo 47 de la Constitución se reconoce que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». La propia Constitución reconoce también «la función social de la propiedad», «la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos al ejercicio pleno de los derechos constitucionales» y «la subordinación de toda la riqueza nacional al interés general» (artículos 33, 9.2 y 128.1).
Esta situación de incumplimiento de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española, y el hecho de que los sucesivos gobiernos no hayan hecho nada por superar estas deficiencias, sino que incluso han legislado en su contra, hace necesario tomar la iniciativa. Ante el fracaso de la vía política convencional por los repetidos incumplimientos de los sucesivos gobiernos, independientemente de su color político y de sus programas electorales, y la insuficiencia de la iniciativa legislativa popular, cuya aprobación en Cortes vuelve a depender de las mismas personas que una y otra vez han votado a favor del recorte de derechos, sólo parece quedar la vía de la acción directa, mediante ocupaciones ciudadanas.
Vistos los antecedentes, la situación de la vivienda, y el debate surgido por las ocupaciones, desde la Asamblea Popular de Alcalá de Henares queremos expresar nuestro apoyo a los usos sociales propuestos para el caso del Hotel Madrid, así como a la ocupación residencial como solución temporal para las personas que han sido desahuciadas, ante la falta de otra solución viable y mientras el edificio no se destine a otros usos de interés general. La toma de espacios para ser autogestionados por grupos de vecinos y vecinas de manera horizontal suponen una alternativa al sistema actual en el que los derechos se subordinan al negocio. Debe considerarse como un acto de compromiso y responsabilidad por parte de la ciudadanía, así como un ejemplo de cómo la sociedad puede organizarse de una manera diferente, participativa, responsable y comprometida.
Somos conscientes de la polémica que puede generar este posicionamiento. Las personas que realizan grandes sacrificios económicos para acceder a una vivienda pueden sentirse agraviadas ante la posibilidad de que otras la obtengan sin ningún coste económico. Pero puesto que esta es una situación temporal, que cada día se agrava más y aumentará más velozmente con la nueva ley de desahucio express que entrará en vigor el 1 de noviembre (Ley 37/2011, de 19 de octubre, de medidas de agilización procesal), apelamos a la solidaridad con las personas que han perdido su vivienda y a las que además les ha quedado una deuda a la que difícilmente podrán hacer frente. En todo caso, recordamos que el edificio ocupado es propiedad de una empresa privada que no ha hecho uso de él durante años, permitiendo su deterioro, y cuyo único fin es obtener lucro por medio de la especulación inmobiliaria. Por último, instamos a los organismos públicos para que busquen alternativas viables y responsables frente a la crisis social en la que nos encontramos.

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